El trujillazo

Creo que pocos miembros del actual gobierno pasarán a la historia con la altura y la consideración que a buen seguro espera a la Ministra de la Solución Habitacional, y eso que todo el gabinete de Zetapé está compuesto por una pléyade de joyitas a mitad de camino entre la banda de los Dalton y los payasos de la tele, dicho sea con todos los respetos por Gaby, Fofó y Miliki.

En una loable muestra de humildad la señora Trujillo debe pensar que ni su fastuosa gestión ni los múltiples hallazgos filológicos que hasta ahora le debemos son suficientes como para garantizar su entrada al olimpo de los ministros más nefastos de la historia española (con perdón), en cambio yo, que no tengo porque mostrar tal modestia, pienso que no es que vaya a entrar sino que encabeza el sprint. Así las cosas, parece que para asegurarse una posición de privilegio en tan meritoria carrera está preparando el trujillazo: el peor golpe a la propiedad privada (y por tanto a la libertad) de la historia reciente y no tan reciente de nuestro país.

La cosa consiste en que se está preparando una Ley del Suelo que le dará al estado, es decir, a los políticos que en cada momento lo comanden, el derecho a expropiar el piso o parcela que, según sus criterios, no esté siendo ocupado o alquilado. Digo lo de según sus criterios porque al parecer esto no se aclara en el proyecto de texto legal y es el típico detalle que las dictaduras socialistas (a las que es tan caro este tipo de medida) dejan en una práctica indefinición que permite levantarle el piso al que se va de viaje por un año, por ejemplo, y pasárselo a un concuñado del concejal correspondiente en una muestra de lo maravillosa que es la redistribución de la riqueza, pues la riqueza una vez redistribuida se encontrará en las cercanías familiares de los responsables de tal redistribución y, como decía mi abuela, dónde vas a estar mejor que en casa.

El mercado inmobiliario tiene características bastante originales en España: por un lado el altísimo nivel de vivienda en propiedad, sin igual en ningún otro país de Europa y que nos dice bien a las claras que la inmensa mayoría de los españoles contempla la adquisición de un piso como una forma de inversión y ahorro; por el otro un grado de corrupción absolutamente brutal alrededor de un mercado del suelo extremadamente regulado y de la existencia de diferentes tipos de promociones públicas que son pasto de un mamoneo indescriptible: cambio ahora mismo mi patrimonio y el de mi madre por el de cualquier concejal de urbanismo de una ciudad española de, digamos, 30.000 habitantes y estoy seguro de que no saldré perdiendo.

Trujillazo mediante lograremos por lado un amenazar la independencia económica (repito: y por lo tanto política) de los propietarios, que no son una casta de cuatro aristócratas sino que somos muchos millones de españoles de clase media. Y por si esto no es suficiente pondremos el conjunto del mercado inmobiliario a disposición de las dentelladas de la corrupción, que en este campo son feroces que ríase usted de las anacondas que sacaba por la tele Félix Rodríguez de la Fuente.

Gran ministra, gran gobierno, prepárense para salir corriendo ciudadanos.