No por favor, no me informe, prefiero no saber

Algo así ha dicho hoy la Mesa del Congreso de los Diputados mientras se debatía la admisión a trámite del famoso “Estatut”, que finalmente ha superado este primer paso como, por otra parte, era previsible. El tema tenía su enjundia porque este era el punto en el que debía decidirse la forma en la que se tramitará el proyecto, si como una reforma estatutaria o como una reforma constitucional tal y como defendía el Partido Popular.

No se trata de una mera cuestión formal o nominal como podría parecer a quien no esté avisado, sino que de que se denomine de una forma u otra depende el tipo de mayoría que necesitará para ser aprobado en el pleno: en el caso de las reformas constitucionales de de dos tercios y en el de los estatutos simplemente es necesaria la mayoría absoluta.

La constitucionalidad del texto actual del Estatuto es cuanto menos motivo de debate e incluso desde el propio PSOE no son pocos los que afirman o reconocen que es flagrantemente inconstitucional. Si los que tal opinan tuviesen razón (que podría ser) sería obvio que la aprobación de tal texto supondría una modificación de facto de la Constitución o la imperiosa necesidad de reformarla.

Así las cosas el PP ha hecho una propuesta que, sin entrar en el fondo de la cuestión (la constitucionalidad o no del texto), parece de lo más razonable: pedir consejo a expertos en el tema como se supone que lo son el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. En ese punto PSOE, IU y CiU han decidido que no, que lo mejor era tomar la decisión sin saber, que no hay nada como improvisar en los temas más importantes.

Eso es lo que yo llamo una acción política cabal, responsable y sin partidismo…